💧 Garantizan agua 100% segura en COMAYO R.L., tras exitosos controles de cloro y mantenimiento

Se garantiza la calidad e inocuidad del suministro de agua mediante tareas permanentes de monitoreo y dosificación en las instalaciones de la institución Comayo.

La institución proveedora del líquido elemento en San José de Chiquitos, confirmó que el suministro de agua potable se encuentra en óptimas condiciones para el consumo seguro, luego de efectuar mediciones de control en la salida del tanque hongo y realizar la preparación técnica del insumo sanitario para la totalidad de la red.

Durante las evaluaciones de rutina, el equipo a cargo midió los niveles de cloro residual en el punto de salida del tanque hongo, verificando que los valores obtenidos están dentro de los parámetros normativos de desinfección. De forma complementaria, se llevó a cabo el preparado y ajuste de dosis de solución clorada destinada a la operatividad continua de los dos sistemas de distribución de la infraestructura.

Esta intervención técnica regular asegura que el recurso hídrico distribuido dentro del predio mantenga los estándares de potabilidad exigidos, previniendo riesgos para la salud de la comunidad institucional y reafirmando el compromiso con el mantenimiento preventivo de las redes de agua.

Chiquitanos denuncian que Magistrada atenta contra el Río San Lorenzo y sus comunidades

Las comunidades chiquitanas de la TCO Turubó exigen la intervención urgente de las altas cortes ante el favorecimiento a infraestructuras sin licencia ambiental y la imposición de traslados de más de 20 horas para acceder a la justicia.

La Asociación Legal “Justicia Ambiental” encendió las alarmas institucionales al denunciar que la Magistrada Rocío Vásquez estaría actuando con abierta parcialización a favor de los demandados en el marco de la Demanda de Responsabilidad Ambiental por la protección del Río San Lorenzo, ubicado en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó.

Según el pronunciamiento legal, durante el proceso quedó plenamente demostrado que las edificaciones cuestionadas son completamente ilegales, al carecer de licencia ambiental y encontrarse emplazadas en plena cabecera de cuenca. Esta situación incurre en una flagrante vulneración de los artículos 345 y 376 de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales resguardan los recursos hídricos y el medio ambiente. A pesar de que el caso se encuentra en etapa de casación —instancia donde la norma prohíbe estrictamente la producción de nueva prueba—, se denuncia que la autoridad judicial transformó el proceso desde marzo de 2026 en un escenario de irregularidades sistemáticas destinadas a beneficiar a los infractores.

Ante el inminente daño ecológico y la indefensión de las poblaciones locales, las Comunidades Chiquitanas exigen:

• Intervención del Tribunal Agroambiental: Restablecer de manera inmediata el orden procesal y constitucional vulnerado.

• Actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): Frenar la violación sistemática de los artículos 115, 345 y 376 de la CPE, garantizando el derecho fundamental de acceso a la justicia.

• Sanción del Consejo de la Magistratura: Investigar a la Magistrada Rocío Vásquez por parcialización, retardo de justicia, privación de acceso a la información y creación ilegal de etapas procesales.

El conflicto resalta además la severa barrera geográfica y económica que enfrentan las comunidades indígenas, obligadas a recorrer trayectos de más de 20 horas hasta la ciudad de Sucre para exigir el cumplimiento de sus derechos básicos. Los comunarios advierten que no cesarán en sus medidas de presión hasta que los órganos de control institucional frenen los atropellos y garanticen la protección efectiva del ecosistema del Río San Lorenzo.