Las comunidades chiquitanas de la TCO Turubó exigen la intervención urgente de las altas cortes ante el favorecimiento a infraestructuras sin licencia ambiental y la imposición de traslados de más de 20 horas para acceder a la justicia.
La Asociación Legal “Justicia Ambiental” encendió las alarmas institucionales al denunciar que la Magistrada Rocío Vásquez estaría actuando con abierta parcialización a favor de los demandados en el marco de la Demanda de Responsabilidad Ambiental por la protección del Río San Lorenzo, ubicado en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó.
Según el pronunciamiento legal, durante el proceso quedó plenamente demostrado que las edificaciones cuestionadas son completamente ilegales, al carecer de licencia ambiental y encontrarse emplazadas en plena cabecera de cuenca. Esta situación incurre en una flagrante vulneración de los artículos 345 y 376 de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales resguardan los recursos hídricos y el medio ambiente. A pesar de que el caso se encuentra en etapa de casación —instancia donde la norma prohíbe estrictamente la producción de nueva prueba—, se denuncia que la autoridad judicial transformó el proceso desde marzo de 2026 en un escenario de irregularidades sistemáticas destinadas a beneficiar a los infractores.
Ante el inminente daño ecológico y la indefensión de las poblaciones locales, las Comunidades Chiquitanas exigen:
Intervención del Tribunal Agroambiental: Restablecer de manera inmediata el orden procesal y constitucional vulnerado.
Actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): Frenar la violación sistemática de los artículos 115, 345 y 376 de la CPE, garantizando el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Sanción del Consejo de la Magistratura: Investigar a la Magistrada Rocío Vásquez por parcialización, retardo de justicia, privación de acceso a la información y creación ilegal de etapas procesales.
El conflicto resalta además la severa barrera geográfica y económica que enfrentan las comunidades indígenas, obligadas a recorrer trayectos de más de 20 horas hasta la ciudad de Sucre para exigir el cumplimiento de sus derechos básicos. Los comunarios advierten que no cesarán en sus medidas de presión hasta que los órganos de control institucional frenen los atropellos y garanticen la protección efectiva del ecosistema del Río San Lorenzo.
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