Pobladores de 27 comunidades rurales del Municipio de San José de Chiquitos, luego de conocer por los medios de comunicación departamental y nacional, la violenta intervención policial de la que fueron sujeto los indígenas que protestan por la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, por medio Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, se reunieron en la Central de Comunidades Indígenas y Planificaron una serie de medidas con las cuales puedan hacer escuchar a la opinión pública, el repudio a este tipo de accionar que viola la Constitución Política de Estado y los Derechos Humanos.
Con carteles en las manos y estribillos de rechazo al pedido de Disculpa del Presidente del Estado, por considerarla sínica y sin sentimiento, y acompañados de una tamborita que interpretaba temas del acerbo chiquitano, los indígenas marcharon por las calles de San José de Chiquitos, recibiendo a su paso apoyo de toda la población por su accionar.
“La bandera que identifica a las comunidades chiquitanas, se encuentra de duelo porque nuestros hermanos marchistas que defienden su hábitat natural cual es el IsiBoro Sécure, han sufrido una brutal represión policial, del cual en el gobierno nadie quiere ser responsable” Manifestó a este medio de comunicación, Julio Socoré, presidente de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas “Turubó”.
“No se descarta de que algunos dirigentes de esta zona chiquitana pase a engrosar las filas de la marcha, toda vez que nuestros hermanos del Beni necesitan nuestro apoyo”, manifestó doña Carmen Roca, dirigente indígena llegada de la comunidad Nuevo Horizonte que se encuentra a 50 km. al norte de San José de Chiquitos. “No es posible que este Gobierno que se jacta de ser indígena, reprima a sus hermanos, tan solo por ganar unos pesos de los sobreprecios de esta carretera” sostuvo Alberto Ramos, dirigente de la comunidad Taperita.
Al igual que los indígenas de otras partes de Bolivia, los chiquitanos están molestos por la forma como el gobierno encara la problemática, se han declarado en Estado de Emergencia y en movilización permanente, endureciendo las medidas si las demandas de los marchistas que defienden el TIPNIS no son atendidas.
