El INRA procedió a la dotación de tierras dentro del Municipio de San Miguel, favoreciendo a personas del occidente de Bolivia.
Los nativos del lugar, indigenas y campesinos, demandan la anulación de dichos asentamientos, asumiendo que primero se deben cubrir las necesidades de tierras a los lugareños.
Por este motivo el Comité Pro Santa Cruz convocó a una asamblea donde participaron autoridades políticas, cívicas y originarias de la región y del departamento.
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